Introducción
Las Juntas de Acción Comunal (JAC) en Colombia son organizaciones comunitarias
sin ánimo de lucro, orientadas a promover el desarrollo local y la
participación ciudadana. En los últimos años ha surgido la posibilidad de que
las JAC impulsen procesos económicos de carácter colectivo y solidario,
incluyendo proyectos productivos comunitarios e incluso la celebración de
contratos de empréstito (préstamos) con entidades nacionales o internacionales.
Este informe analiza qué tan conveniente resulta para una JAC emprender estas
actividades económicas, evaluando diversos aspectos clave: la viabilidad legal
(normatividad vigente), los riesgos financieros y administrativos involucrados,
las buenas prácticas y recomendaciones de organismos de control (Ministerio del
Interior, Contraloría, IDPAC, entre otros), experiencias y casos de éxito en
Colombia y otros países, así como el impacto esperado en la sostenibilidad de
la JAC, la participación ciudadana y el desarrollo de la comunidad. Al final se
presentan conclusiones y recomendaciones para orientar a las JAC interesadas en
incursionar en procesos económicos solidarios.
Viabilidad legal de las actividades económicas en una JAC
Desde el punto de vista jurídico,
sí existe viabilidad legal para que una Junta de Acción Comunal desarrolle
actividades económicas de carácter colectivo y solidario, incluyendo la
posibilidad de contraer préstamos. La legislación colombiana vigente reconoce
expresamente estas facultades. La Ley 743 de 2002 (norma marco de la acción
comunal) estableció entre los objetivos de las organizaciones comunales el
“crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario”,
facultándolas para “celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o
internacionales”. Esta disposición fue reiterada y actualizada en la Ley 2166
de 2021, que regula la acción comunal moderna. En otras palabras, la ley
autoriza a las JAC a realizar convenios, alianzas y contratos (hasta cierta
cuantía) con entes públicos o privados, y a gestionar proyectos productivos o
empresas comunales para el bienestar de la comunidad.
No obstante, esta viabilidad
legal viene acompañada de condiciones y controles internos. La JAC, al ser una
entidad de base comunitaria, debe respetar sus propios estatutos y
procedimientos participativos. Por ejemplo, la Asamblea General de afiliados de
la JAC (máximo órgano decisorio) tiene la atribución de aprobar los planes,
presupuestos e iniciativas económicas de la organización, así como de fijar
límites a la Junta Directiva en materia de contratación y gastos. De acuerdo
con lineamientos del Ministerio del Interior, la Junta Directiva solo puede
“ordenar gastos o la celebración de contratos en la cuantía y naturaleza que le
asigne la Asamblea”. Esto implica que para emprender un proyecto productivo
importante o adquirir un préstamo significativo, la JAC debe obtener la
autorización previa de su Asamblea, normalmente mediante la aprobación de un
presupuesto o plan de inversión específico. Adicionalmente, las JAC están
obligadas por ley a llevar contabilidad organizada y libros financieros, y a
rendir informes periódicos a sus afiliados, lo cual proporciona una capa de
transparencia y legalidad a cualquier iniciativa económica que emprendan.
En resumen, normativas como la
Ley 743/2002 y Ley 2166/2021 sí permiten que las Juntas de Acción Comunal
desarrollen actividades económicas solidarias y gestionen préstamos para
financiar proyectos comunitarios. Estas facultades legales, sin embargo, deben
ejercerse cumpliendo los requisitos internos (aprobación asamblearia, ajustes
estatutarios si es el caso) y externos (por ejemplo, registrando cualquier
empresa comunitaria que se constituya, o informando a autoridades locales según
la reglamentación). Mientras se observen estos lineamientos, la base legal es
favorable y la JAC puede actuar como sujeto económico colectivo, dentro del
marco de la economía solidaria y el desarrollo comunitario.
Riesgos financieros y
administrativos para la JAC
Aunque la ley faculta a las
JAC para emprender actividades económicas y tomar créditos, es crucial analizar
los riesgos que esto conlleva. Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones
comunitarias gestionadas por ciudadanos voluntarios, por lo que adentrarse en
proyectos productivos o endeudamiento puede implicar desafíos importantes en
materia financiera y administrativa:
Capacidad de gestión limitada:
Muchas JAC carecen de personal profesional en finanzas o administración.
Emprender un negocio comunitario o manejar fondos de un empréstito requiere
conocimientos en planeación, contabilidad y control que podrían exceder la
experiencia de los dignatarios. El Ministerio del Interior ha reconocido
debilidades en la formulación y ejecución de proyectos productivos por parte de
las organizaciones comunales, lo que sugiere un riesgo de mala gestión o
improvisación si no se cuenta con asistencia técnica adecuada. Sin los debidos
sistemas de gestión, podría haber fallas en la ejecución, sobrecostos o incluso
pérdida de recursos.
Riesgo de endeudamiento y
morosidad: Al contraer un préstamo (especialmente si es de monto
considerable), la JAC asume la obligación de reembolso con intereses. Si el
proyecto productivo no genera los rendimientos esperados, la Junta podría
enfrentar dificultades para pagar la deuda, cayendo en mora. Una JAC no cuenta
con grandes patrimonios; sus fuentes de ingreso suelen ser alquiler salón para
eventos, cuotas de afiliados, pequeños aportes o convenios específicos. Por
ello, el endeudamiento imprudente puede llevar a la insolvencia de la
organización. Incluso podría darse el caso de tener que responder con los pocos
bienes comunales (por ejemplo, el salón comunal o equipos) ante eventuales
acreedores, afectando el patrimonio comunitario. Este riesgo financiero es uno
de los factores que más se deben considerar antes de celebrar contratos de
empréstito.
Consecuencias legales y
sanciones administrativas: Si una JAC maneja fondos de terceros (préstamos,
subvenciones, etc.), queda sujeta a posibles auditorías y control fiscal. La
Contraloría General puede intervenir si hay recursos públicos involucrados o si
se denuncian manejos irregulares. Un manejo inadecuado de los dineros podría
conllevar sanciones, suspensión de la personería jurídica de la JAC e
investigaciones a los líderes por malversación. De hecho, cuando una JAC es
sancionada con suspensión de su personería, no puede contraer nuevos
compromisos financieros ni ejecutar gastos hasta ser rehabilitada, lo cual
paralizaría cualquier emprendimiento en marcha. Administrar créditos sin los
debidos controles internos (doble firma, fiscalización por el tesorero y
fiscal, etc.) incrementa la posibilidad de fraudes o pérdida de recursos, lo
que repercute en la confianza de la comunidad y en eventuales procesos legales.
Riesgos operativos y de
continuidad: Un proyecto productivo comunitario requiere dedicación y
continuidad administrativa. Las JAC operan mediante juntas directivas cuyos
dignatarios cambian cada cierto periodo (por elección cada 4 años, según la
normatividad vigente). Esto puede generar discontinuidad en la gestión del
proyecto económico: un nuevo presidente o tesorero podría no darle el mismo
impulso, o puede haber transición confusa en el manejo del préstamo y las
cuentas. Asimismo, factores como cambios en las condiciones de mercado,
desastres naturales o problemas técnicos podrían frustrar el proyecto, dejando
a la JAC con deudas, pero sin el activo funcionando.
Conflictos internos y desgaste
comunitario: Manejar dinero siempre implica el riesgo de discrepancias. Si
no hay transparencia y participación en las decisiones económicas, pueden
surgir conflictos entre los afiliados: desacuerdos por cómo se invierten los
recursos, sospechas de malos manejos, etc. Un fracaso económico podría minar la
credibilidad de la Junta ante la comunidad, reduciendo la participación
ciudadana y generando divisiones. Este costo intangible en el tejido social es
un riesgo real: se ha observado que algunas organizaciones comunales enfrentan
fragmentación y “cansancio de liderazgos” cuando iniciativas productivas
fracasan.
En síntesis, incursionar
en procesos económicos trae aparejados riesgos significativos para una JAC en
los planos financiero y administrativo. No obstante, estos riesgos pueden
mitigarse con preparación: capacitación de los dirigentes, estudios de
viabilidad rigurosos, controles internos efectivos y un enfoque realista de “no
gastar más de lo que se tiene”. El reto está en equilibrar el espíritu
emprendedor comunitario con la prudencia administrativa, de forma que el
patrimonio y la misión social de la JAC no se vean comprometidos.
Buenas prácticas y
recomendaciones de los organismos de control
Conscientes de los anteriores
riesgos, los organismos rectores y de control de la acción comunal en Colombia
han emitido recomendaciones y lineamientos para guiar a las JAC que deseen
implementar proyectos económicos. A continuación, se resumen las buenas
prácticas sugeridas por el Ministerio del Interior, la Contraloría y entes
territoriales como el IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y Acción
Comunal de Bogotá):
Conformación de la Comisión
Empresarial: El Ministerio del Interior sugiere que las JAC activen en su
estructura interna la Comisión Empresarial o de proyectos productivos, tal como
lo prevé la ley. Esta comisión (compuesta por miembros de la comunidad con
interés en emprendimiento) se encarga de liderar, formular y gestionar las
iniciativas económicas de la JAC. De acuerdo con la Resolución 360 de 2005
(DANSOCIAL), corresponde a la comisión empresarial presentar los proyectos o
empresas solidarias ante las autoridades locales (alcaldías, gobernaciones)
para su evaluación. Las entidades territoriales deben analizar la viabilidad de
los proyectos rentables propuestos por las organizaciones comunales antes de su
ejecución. Esta articulación con el gobierno local es una buena práctica que
permite acceder a asistencia técnica y verificar que el plan de negocios sea
sólido.
Capacitación y asistencia
técnica: Los órganos de apoyo a la acción comunal enfatizan en la
importancia de la formación. El IDPAC, por ejemplo, tiene entre sus funciones
fortalecer a las organizaciones comunales mediante capacitación en temas como
formulación de proyectos, emprendimiento y gestión administrativa. Se
recomienda que antes de asumir un proyecto productivo o un empréstito, la JAC
busque entrenar a sus líderes en contabilidad básica, elaboración de planes de
negocio, asociatividad solidaria y obligaciones legales. Programas
gubernamentales como el “Banco de Acciones Comunales” del Ministerio del
Interior han incluido componentes de formación para que las juntas
beneficiarias manejen adecuadamente los recursos recibidos. Otra práctica
aconsejable es solicitar asistencia técnica de entidades de economía solidaria
(como cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, etc.) que puedan
asesorar a la JAC en la administración financiera.
Transparencia y control social:
La Contraloría General de la República y las contralorías departamentales han
insistido en la necesidad de mantener la transparencia en el manejo de recursos
públicos o comunitarios. Una buena práctica es establecer mecanismos de
veeduría ciudadana y rendición de cuentas periódica a la asamblea de la JAC y a
la comunidad en general. Por ejemplo, presentar informes trimestrales del
avance del proyecto económico, del estado del préstamo (abonos, saldos) y de
los resultados obtenidos. Asimismo, las decisiones clave (endeudamiento,
inversiones mayores) deben ser discutidas abiertamente en escenarios
comunitarios. Esto no solo cumple con principios democráticos, sino que
desalienta eventuales actos de corrupción y facilita el control fiscal externo
en caso de auditorías. El IDPAC en Bogotá promueve que las JAC usen formatos
estándar de reporte y que inviten a entes de control a sus asambleas cuando se
traten temas financieros delicados, como muestra de apertura.
Planes de negocio y estudios
de viabilidad: Los organismos asesores recomiendan que ninguna JAC se lance
a un emprendimiento sin un plan de negocio bien estructurado. Esto implica
realizar estudios de mercado, proyecciones de ingresos y egresos, análisis de
riesgos y planes de mitigación. El Ministerio del Interior ha desarrollado
guías y herramientas (por ejemplo, perfiles de proyecto tipo) para apoyar a las
JAC en esta tarea. Seguir estas metodologías es fundamental. Una práctica
identificada es buscar alianzas con universidades locales o el SENA, que a
veces brindan acompañamiento en formulación de proyectos productivos a
organizaciones comunales. Un proyecto revisado por expertos externos tiene más
probabilidades de éxito y menos margen de error.
Uso de figuras de la economía
solidaria: Otra recomendación es que, de ser viable, la JAC constituyan
empresas comunitarias formales bajo esquemas de la economía solidaria
(cooperativas, asociaciones mutuales, etc.) para desarrollar las actividades
productivas. Esto puede brindar un marco jurídico-operativo más adecuado para
actividades empresariales (por ejemplo, posibilidad de tener NIT, cuenta
bancaria propia de la empresa, régimen tributario especial, etc.), a la vez que
la JAC conserva su esencia comunitaria. La normatividad comunal permite que las
JAC creen personas jurídicas de segundo nivel para proyectos específicos,
manteniendo un vínculo, pero diferenciando responsabilidades. Organismos como
DANSOCIAL han señalado que clarificar la figura de las Empresas Comunales
Rentables es importante para regular su funcionamiento. Por tanto, se aconseja
evaluar si conviene que el proyecto económico opere como una entidad separada
(aunque ligada a la JAC), lo cual puede facilitar su administración profesional
y limitar el riesgo directo sobre la junta de acción comunal.
En síntesis, las buenas prácticas
giran en torno a: planificación rigurosa, búsqueda de apoyo institucional,
fortalecimiento de capacidades internas, máxima transparencia y, sobre todo,
respeto a los procedimientos participativos. El Ministerio del Interior a
través de su Dirección de Acción Comunal suele emitir circulares orientadoras,
y entes como el IDPAC publican cartillas y modelos de estatutos que incorporan
estas recomendaciones. Una JAC que aspire a incursionar en actividades
económicas colectivas hará bien en seguir estas directrices para minimizar
errores y asegurar que su incursión productiva sea ordenada, legal y
beneficiosa para la comunidad.
Experiencias y estudios de
caso relevantes
Existen múltiples experiencias,
tanto en Colombia como en otros países, que ilustran los resultados –positivos
y negativos– de involucrar a organizaciones comunales en actividades económicas
y financieras. A continuación, se mencionan algunos casos y lecciones
aprendidas que pueden servir de referente:
Ejemplos en Colombia: La
tradición de emprendimiento comunal en el país es amplia. Durante el Encuentro
Nacional de Emprendimiento Comunal Solidario (Medellín, 2007) se documentaron
diversas experiencias exitosas de JAC involucradas en actividades productivas.
Por ejemplo, se destacó el caso de Juntas de Acción Comunal que administran
acueductos rurales y urbanos, garantizando el servicio de agua y generando
ingresos mediante tarifas comunitarias; también JAC que han desarrollado
proyectos productivos agropecuarios y de microempresa, integrando a la
comunidad y repartiendo utilidades entre sus asociados; igualmente, organismos
comunales que han celebrado convenios con entidades públicas y de cooperación
internacional para ejecutar obras locales (mejoramiento de vías,
infraestructura comunitaria) con financiación compartida; e incluso JAC que han
creado empresas productivas propias (como panaderías, granjas comunitarias,
talleres) apoyándose en modelos de economía solidaria. Estas experiencias
demuestran que, con liderazgo y organización, una JAC sí puede desempeñar un
rol semejante al de una empresa social. Un ejemplo reciente es la JAC La
Cuarenta en Monterrey (Casanare), la cual fue contratada para realizar obras
civiles para una empresa petrolera en su territorio. Esto generó empleo local e
ingresos significativos que la JAC está reinvirtiendo en mejorar la sede
comunal y espacios públicos. Su presidenta afirma que “la Junta puede verse
también como una empresa que genera recursos en pro de proyectos para la
comunidad”, reflejando cómo cambió la mentalidad comunitaria al ver los
resultados positivos.
Programas de crédito
comunitario en el exterior: En otros países latinoamericanos las
organizaciones comunales también han incursionado en la gestión de créditos y
financiamiento para sus miembros. Un caso notable ocurrió en El Salvador, donde
existen organizaciones llamadas ADESCOS (Asociaciones de Desarrollo Comunal)
equivalentes a nuestras JAC. Con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), se implementó un proyecto para la expansión del crédito
comunal en zonas rurales, canalizando préstamos a pequeños productores a través
de las ADESCOS y fortaleciendo sus capacidades administrativas. Esta iniciativa
permitió a las asociaciones comunales salvadoreñas otorgar microcréditos
solidarios a sus afiliados para emprendimientos locales, bajo un esquema de
responsabilidad compartida. Los resultados mostraron mejoras en ingresos
familiares y en la cohesión de la comunidad, aunque también subrayaron la
importancia de capacitar en gestión financiera a los líderes locales.
Igualmente, en países como Perú y Bolivia se han dado experiencias de “bancos
comunales” (grupos de crédito manejados por organizaciones de base) que enseñan
el valor del ahorro colectivo y el préstamo responsable a nivel vecinal.
Lecciones de casos menos
exitosos: No todas las experiencias han prosperado. En Colombia
se conocen casos de JAC que intentaron montar proyectos ambiciosos (por
ejemplo, una microempresa de confecciones o un fondo de crédito local) y
fracasaron por falta de estudios de mercado o por discordias internas en el
manejo del dinero. La lección común de estos casos es que improvisar sale caro:
cuando no se involucra a expertos, no se calculan bien los costos o la demanda
del producto/servicio, o no se establecen reglas claras para uso de los
recursos, el proyecto comunal termina generando deudas y conflictos. Por eso,
muchas JAC prefieren comenzar con iniciativas pequeñas y de bajo riesgo (como
una tienda comunitaria, alquilar el salón comunal para eventos, o administrar
un parqueadero barrial) antes de aventurarse con créditos grandes. Esta
estrategia de “ir paso a paso” aparece en varias guías comunales como una buena
práctica para acumular experiencia y capital semilla.
En conclusión, la revisión de
experiencias muestra que sí es posible para las JAC ejecutar actividades
económicas de manera exitosa, siempre y cuando se apoyen en la solidaridad, la
capacitación y la buena administración. Las historias de éxito ofrecen modelos
replicables (p.ej., JAC operando servicios públicos comunitarios, o aliándose
con empresas privadas en proyectos locales), mientras que los fracasos destacan
los errores a evitar. Cada comunidad deberá adaptar las lecciones a su
contexto, evaluando con realismo sus fortalezas antes de asumir compromisos
económicos de gran envergadura.
Impacto en la sostenibilidad,
la participación y el desarrollo comunitario
Impulsar procesos económicos
colectivos desde la JAC puede tener impactos profundos y de largo plazo en la
organización comunal y en la comunidad que representa. Al evaluar la
conveniencia de tales iniciativas, es importante considerar cómo afectarán la sostenibilidad
financiera de la JAC, los niveles de participación ciudadana y el desarrollo
socioeconómico local:
Sostenibilidad organizacional:
Un proyecto productivo bien llevado puede convertir a la JAC en una entidad más
autosostenible financieramente. Tradicionalmente, muchas Juntas de Acción
Comunal subsisten con recursos escasos (aportaciones voluntarias, pequeñas
subvenciones estatales, etc.). Al generar sus propios ingresos mediante una
actividad económica, la JAC logra diversificar sus fuentes de financiamiento y
depende menos de la ayuda externa. Esto se traduce en mayor estabilidad para la
organización: puede mantener su sede, dotarse de materiales, e incluso
constituir fondos de reserva para emergencias comunitarias. La JAC deja de ser
únicamente gestora de proyectos ajenos para convertirse también en generadora
de recursos, con la posibilidad de reinvertir excedentes en obras barriales.
Por ejemplo, en el caso citado de la JAC La Cuarenta, los ingresos obtenidos
les permiten soñar con construir su salón comunal, una cancha deportiva y otras
mejoras locales que antes eran impensables. Este fortalecimiento financiero
puede marcar un antes y después en la historia de la organización. Sin embargo,
también implica mayor responsabilidad: la sostenibilidad no solo es tener
dinero, sino saber administrarlo para que el emprendimiento se mantenga en el
tiempo. Un impacto negativo a evitar sería que la JAC colapse financieramente
por un mal negocio; de allí la importancia de la planificación.
Participación y empoderamiento
comunitario: Involucrar a la comunidad en un proyecto económico solidario
tiende a dinamizar la participación de los habitantes. Cuando la gente ve
resultados tangibles (empleos creados, utilidades repartidas en mejoras del
barrio, etc.), aumenta la confianza en la Junta y más personas desean afiliarse
o asistir a las reuniones. Además, estos procesos permiten descubrir y
potenciar liderazgos locales, por ejemplo, encargando a jóvenes la operación de
cierta actividad o a mujeres cabezas de familia la administración de una
microempresa comunal. De hecho, muchas JAC reportan que sus comisiones
empresariales están integradas mayoritariamente por mujeres y jóvenes, lo que
contribuye a su inclusión en la toma de decisiones. Este relevo generacional y
de género renueva la acción comunal. El sentido de pertenencia colectivo se
refuerza al trabajar juntos por un objetivo productivo; se crean redes de
cooperación y solidaridad más fuertes. Cabe señalar que la participación
también se amplía si el beneficio se percibe equitativo –por ejemplo, si una
parte de las ganancias del proyecto se destina a un fondo comunitario al cual
todos acceden para microcréditos, o a obras que toda la vecindad disfruta,
entonces más personas se motivan a participar activamente. Un aspecto a cuidar
es que la participación no se limite a unas pocas personas (riesgo de élites
locales); las buenas prácticas de transparencia y socialización de la
información ayudan a mantener involucrada a la base social amplia.
Desarrollo comunitario local:
Finalmente, los impactos en el desarrollo socioeconómico del territorio pueden
ser muy positivos. Un emprendimiento exitoso de la JAC puede mejorar la calidad
de vida en la zona: al prestar un servicio (agua, energía comunitaria,
comunicaciones) que antes no existía o era precario; al generar empleos locales
que reducen el desempleo y migración; o al producir bienes de primera necesidad
a precios justos. Las utilidades reinvertidas pueden traducirse en más
infraestructura (parques, vías, centros comunitarios) y en programas sociales
(capacitaciones, eventos culturales) que enriquecen el tejido comunitario.
Además, la presencia de una JAC sólida económicamente la habilita para
gestionar proyectos más grandes con el Estado o cooperación internacional,
actuando como socio confiable en iniciativas de desarrollo rural o urbano. En
cierta forma, una JAC que emprende proyectos productivos se convierte en un
actor de desarrollo local reconocido: puede negociar con alcaldías, atraer inversión
hacia la comunidad o articularse con otras organizaciones en redes económicas
solidarias. Esto contribuye al progreso del corregimiento o barrio en su
conjunto. Un ejemplo concreto es cuando las JAC gestionan sistemas de
acueducto: no solo mejoran la salud y bienestar de la población con agua
potable, sino que pueden invertir los excedentes en más proyectos y transfieren
conocimientos técnicos a la comunidad (creación de capacidades locales). Desde
luego, hay que reconocer que el desarrollo no es automático: requiere de
continuidad, de buena gobernanza y de distribuir justamente los beneficios para
evitar brechas internas.
En balance, si se manejan
correctamente, los procesos económicos solidarios fortalecen a la JAC y a su
comunidad en múltiples dimensiones: logran que la organización perdure y se
profesionalice, que más ciudadanos se vinculen a la vida comunal, y que el entorno
local se beneficie en su economía y calidad de vida. Por el contrario, un
manejo inadecuado podría generar un impacto opuesto (endeudamiento, desilusión
colectiva y estancamiento); por ello la conveniencia está condicionada a la
capacidad de la JAC de mitigar riesgos y adherirse a principios solidarios. En
la mayoría de casos documentados, los impactos positivos han prevalecido cuando
hay transparencia y trabajo colectivo auténtico.
Conclusiones y recomendaciones
finales
Conclusión general: Desarrollar
procesos económicos de carácter colectivo y solidario sí puede ser conveniente
para una Junta de Acción Comunal, en tanto se haga dentro del marco legal, con
planeación rigurosa y con un firme compromiso ético con la comunidad. La
normativa colombiana habilita a las JAC para emprender actividades productivas
y obtener créditos con fines de desarrollo comunitario, lo cual representa una
oportunidad valiosa para mejorar la sostenibilidad financiera de estas
organizaciones y generar progreso en las localidades. Sin embargo, no es una
decisión que deba tomarse a la ligera: conlleva responsabilidades
significativas y riesgos que deben ser gestionados. Las experiencias muestran
que, bien conducidos, los proyectos económicos comunales empoderan a la
ciudadanía, aumentan la participación y resuelven necesidades locales; pero mal
manejados, pueden endeudar a la Junta y fracturar el tejido social. Por tanto,
la conveniencia dependerá de cómo se implemente la iniciativa más que de la iniciativa
en sí. A continuación, se presentan recomendaciones puntuales para una JAC que
esté considerando incursionar en estos procesos:
Recomendaciones para una JAC
que busque emprender proyectos económicos o tomar préstamos:
Verificar el sustento legal y
estatutario: Asegurarse de que la iniciativa económica propuesta encaja dentro
de los objetivos legales de la acción comunal y cumplir con todos los
procedimientos internos. Convocar a la Asamblea General para socializar la idea
y obtener la aprobación formal de la comunidad antes de contraer cualquier
obligación financiera de largo plazo. Si los estatutos de la JAC requieren
modificaciones (por ejemplo, para crear una empresa comunitaria), realizarlas
con acompañamiento de la autoridad competente (Departamento de Acción Comunal
municipal o IDPAC en Bogotá).
Realizar estudios de
viabilidad y planes de negocio: No basarse únicamente en el entusiasmo. Es
indispensable elaborar un plan de negocio completo que incluya análisis de
mercado, costos, proyecciones de ingresos, punto de equilibrio y posibles
riesgos. Si la JAC no cuenta con esta expertise, buscar apoyo en entidades como
el SENA, universidades o programas del Ministerio del Interior que ofrecen
herramientas metodológicas. Un empréstito nunca debe asumirse sin tener claro
cómo se pagará; por ello, el proyecto debe mostrar generación de ingresos
suficientes para cubrir las cuotas del préstamo más un margen de seguridad.
Comenzar de menos a más: Es
recomendable iniciar con proyectos piloto o de pequeña escala para ganar
experiencia. Por ejemplo, antes de gestionar un préstamo grande, la JAC podría
intentar una actividad autofinanciada (aunque sea modesta) que le permita
afinar su capacidad administrativa. A medida que los proyectos pequeños
funcionen, se genera confianza y aprendizaje para luego sí comprometerse con
inversiones mayores. Este enfoque escalonado reduce el riesgo de fracaso
catastrófico y permite hacer ajustes sobre la marcha.
Fortalecer la capacitación y
la comisión empresarial: Identificar dentro de la comunidad a personas con
conocimientos en administración, contabilidad o negocios que puedan liderar la
comisión empresarial. Invertir en capacitaciones periódicas para los
dignatarios y miembros activos en temas clave: manejo de libros contables,
contratación, mercadeo, economía solidaria, etc.. Gestionar que organismos como
el IDPAC, la Secretaría de Desarrollo Comunitario local u ONG especializadas
brinden talleres de formación. Una JAC informada toma mejores decisiones y
evita caer en errores básicos.
Aprovechar la asesoría
institucional y las alianzas: No emprender el camino solos. Acercarse a las
entidades del Estado que tienen programas para apoyar proyectos productivos
comunales –por ejemplo, el Banco de Acciones Comunales del Ministerio del
Interior, programas de economía solidaria de las gobernaciones, o fondos de
desarrollo rural si aplican–. Estas entidades pueden cofinanciar iniciativas,
ofrecer asistencia técnica o facilitar contactos. Asimismo, buscar alianzas con
el sector privado local: a veces empresas en la zona (p.ej. del sector
petrolero, energético, agrícola) están dispuestas a apoyar emprendimientos
comunitarios en el marco de su responsabilidad social, tal como ocurrió en
Casanare. Un convenio bien negociado con una empresa o entidad externa puede
traer capital o mercado asegurado para el proyecto, reduciendo la carga
financiera sobre la JAC.
Mantener rigurosos controles
financieros internos: Establecer prácticas contables claras: abrir una
cuenta bancaria exclusiva para el proyecto o préstamo, llevar libros auxiliares
de ingresos y gastos del proyecto, conservar soportes de todas las
transacciones y someter los balances a revisión de la Comisión de Convivencia y
el fiscal de la JAC. Implementar la regla de doble firma para retiros
importantes (presidente y tesorero juntos, por ejemplo) y jamás mezclar fondos
del proyecto con dineros personales de líderes. La transparencia interna es la
mejor defensa ante eventuales cuestionamientos externos. Si es posible, auditar
anualmente los estados financieros con un contador independiente, especialmente
si se manejan préstamos significativos.
Fomentar la transparencia y la
comunicación con la comunidad: Informar constantemente a los afiliados y
vecinos sobre el avance del proyecto económico. Convocar asambleas informativas
cada cierto tiempo para mostrar resultados, dificultades y próximos pasos.
Invitar a que miembros de la comunidad se involucren activamente, ya sea
trabajando en la iniciativa o integrando veedurías ciudadanas. Cuando la
comunidad siente que el proyecto es realmente de todos, es más probable que
colaboren en su éxito (por ejemplo, prefiriendo consumir los bienes/servicios
ofrecidos por la empresa comunal, o cuidando las instalaciones). La
comunicación abierta también ayudará a detectar temprano cualquier señal de
alarma (desvío de recursos, problemas operativos) y corregirla con el apoyo
colectivo.
Considerar mecanismos de
economía solidaria para formalizar el proyecto: Si la actividad lo amerita,
evaluar la creación de una entidad solidaria (cooperativa, fondo, asociación
productiva) paralela a la JAC, que sea la que ejecute directamente el negocio.
De esta forma, la JAC actúa como promotora y socia, pero la gestión diaria
recae en la nueva entidad con su propia personería jurídica. Esto puede limitar
la responsabilidad legal de la JAC en caso de dificultades, y permitir una
estructura administrativa más acorde con fines empresariales. Muchos proyectos
exitosos han seguido esta vía, con la JAC participando en la gobernanza de la
cooperativa o empresa comunal, pero sin absorber ella sola todo el riesgo
operativo. Siempre buscar asesoría legal al dar este paso para asegurar que la
figura escogida cumpla tanto con la normatividad comunal como con la de
economía solidaria.
No comprometer el objeto
misional por la rentabilidad: Recordar que, ante todo, la JAC es
una organización de base comunitaria con fines sociales. Los proyectos
económicos deben ser un medio para fortalecer la comunidad, no un fin en sí
mismos de lucro. Cualquier decisión se debe alinear con los valores de solidaridad,
servicio y mejora de la calidad de vida colectiva. Si en algún momento una
iniciativa financiera empieza a generar divisiones, afectar el medio ambiente
local, o perjudicar a ciertos grupos de la comunidad, se debe re-evaluar su
conveniencia. Mantener siempre el enfoque en el bien común y en la
participación democrática ayudará a que la JAC no se desvíe de su misión por
perseguir ganancias. Las utilidades obtenidas deberían reinvertirse en la
comunidad o en fortalecer la misma organización comunal, creando un círculo
virtuoso de desarrollo local.
En conclusión, una Junta de
Acción Comunal bien informada, unida y asesorada puede lograr que un proyecto
económico colectivo sea una herramienta poderosa de desarrollo comunitario. La
conveniencia de dar este paso dependerá de la realidad particular de cada JAC
(su capacidad, sus necesidades, el entorno), pero las pautas expuestas sirven
para aumentar las probabilidades de éxito. Siguiendo las recomendaciones
legales, financieras y participativas, una JAC puede contraer un empréstito o
montar una empresa comunal sin comprometer su estabilidad y, por el contrario,
potenciando su impacto positivo en la comunidad. El llamado final es a la
prudencia con visión de futuro: prudencia para gestionar riesgos inmediatos, y
visión para construir, con estas herramientas económicas, un futuro más
próspero y solidario para la comunidad.
Fuentes consultadas: Ley 743 de
2002; Ley 2166 de 2021 (acción comunal); Resolución 360 de 2005 (DANSOCIAL);
Ministerio del Interior – Dirección de Acción Comunal (normatividad y
cartillas); Instituto IDPAC (Política Pública Distrital de Acción Comunal);
experiencias documentadas de emprendimiento comunal; programa BAC – Banco de
Acciones Comunales; BID (programa crédito comunal en El Salvador.
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